10 puntos para reformar y transformar la seguridad social en la República Dominicana
Santo Domingo. En República Dominicana fracasó el sistema seguridad social creado por la Ley No. 87-01, cuyo propósito inicial era lograr el desarrollo progresivo hacia una seguridad social digna para todos los trabajadores y trabajadoras. De manera que, toda persona llegue a gozar de una adecuada protección contra la desocupación, la enfermedad, la incapacidad y la vejez, como establece la Constitución de la República Dominicana.
En el sistema actual, la Ley No. 87-01 en vez de universalidad hemos tenido exclusión y parcialidad, en vez de integralidad y unidad hemos tenido fragmentación, ha primado la inequidad en el sistema y vez de solidaridad lo que tenemos es el interés particular sobre lo colectivo.
En este contexto, hoy, al conmemorarse el primero de mayo; Día Internacional de los Trabajadores y trabajadoras, organizaciones sociales agrupadas en la Coalición por la Seguridad Social Digna depositaron un proyecto de transformación a la Ley No. 87-01. Las organizaciones sociales; de la cual el capítulo dominicano de ALAMES es parte, demandan una necesaria reforma integral a la Ley No. 87-01 sobre Seguridad Social en la República Dominicana, que parta del reconocimiento de la seguridad social y la salud como derechos fundamentales y de la obligación del Estado de garantizar su protección.
El modelo actual, por su enfoque privatizador, que mercantiliza la salud y la seguridad social, reduce el rol estatal y prioriza la rentabilidad financiera, la ganancia de un sector minúsculo de la sociedad a costa de los derechos de la mayoría de las personas, de los trabajadores y trabajadoras y de los pobres.
La propuesta de la Coalición por la Seguridad Social Digna se apoya en la Constitución dominicana y en tratados internacionales (como la Declaración Universal de Derechos Humanos y convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que establecen la seguridad social y la salud como derechos universales y exigen al Estado dominicano asegurar su acceso y protección para toda la población, sin exclusiones.
El modelo vigente, controlado por las ARS y AFP, excluye a gran parte de la población, especialmente a quienes tienen empleos informales, principalmente a las mujeres y a los más jóvenes. Esta seguridad social privatizada ha fracasado en otros países, generando desigualdad, baja cobertura y altos costos administrativos.
A continuación, presentamos en 10 puntos las propuestas principales de modificación
- Seguridad social universal y sin exclusiones
Toda la población dominicana y los inmigrantes con estatus regular tienen derecho a la protección de la seguridad social, con registro único y acceso garantizado a prestaciones ante cualquier riesgo social como son el desempleo, la enfermedad, la discapacidad, la muerte de quienes sostienen la familia.
- Financiamiento solidario y compartido
El sistema debe financiarse con aportes de trabajadores formales e informales, públicos y privados, de los municipios y agropecuarios, civiles y militares. Así mismo los empleadores y el Estado son fundamentales en el financiamiento y están obligados a ello. Todos los que por su labor reciben sueldos y salarios serán afiliados a la seguridad social y se eliminan topes salariales para las cotizaciones. Todos debemos aportar de forma solidaria para financiar la seguridad social.
- Sistema nacional de pensiones público, sin AFP
Eliminar las AFP del sistema de seguridad social y creación del Instituto Dominicano de Pensiones público, autónomo y profesional, que otorgue pensiones justas, dignas y suficientes, basadas en el costo de la canasta familiar. La eliminación de las AFP significará que los recursos que estas entidades se apropian sin aportar nada, constituirá un ahorro que engrosará los fondos de los afiliados y afiliadas. La nueva ley permitiría ahorros complementarios voluntarios en entidades financieras, pero no de forma obligatoria como ocurre actualmente.
- Pensiones universales, justas y vitalicias
El sistema debe y puede garantizar pensiones de por vida, con beneficios definidos y suficientes, que nunca debe ser inferior al al costo de la canasta familiar promedio, aplicable a jubilación, discapacidad y sobrevivencia. Los fondos acumulados en cuentas individuales serán inembargables y de libre disposición. Las pensiones deben ajustarse al costo de la vida y la inflación.
- Salud universal e integral, sin planes básicos limitantes
El sistema de salud debe ser universal y cubrir todas las necesidades de salud, eliminando cualquier plan básico o catálogo que limite el derecho a servicios de salud, medicamentos, procedimientos y estudios. Se prohíbe la segmentación de la población por tipo de aseguramiento. El derecho a la salud no se pierde por jubilación o desempleo. Todos los ciudadanos tendrán derecho a atenciones oportunas, integrales y de calidad.
- Seguro nacional de salud público, sin ARS
Eliminación de las ARS y creación de un seguro nacional de salud que cubra todas las atenciones, servicios y medicamentos necesarios, sin límites de cobertura financiera y sin exclusiones por edad, sexo o condición. Los recursos que actualmente se apropian serán invertidos preferencialmente en la atención de la población.
- Cobertura integral de riesgos laborales y enfermedades profesionales
El sistema propuesto protegerá ante accidentes y enfermedades laborales, incluyendo prestaciones financieras, atenciones de salud, rehabilitación y provisión de ayudas técnicas para personas con lesiones y discapacidad fruto de enfermedades y accidentes de trabajo y profesionales.
- Inclusión de grupos vulnerables
Garantizar protección especial a la maternidad, la infancia, personas con discapacidad motora y psicosocial, así como adultos mayores, asegurando igualdad de acceso y atención. La seguridad social debe tener un enfoque de corrección de la discriminación por género, edad y cualquier condición excluyente. La seguridad social tomará en cuenta los niños sin cuidado parental y aquellos que están marginados dentro de sus familias debido al género, la discapacidad, la etnia, el estado de VIH/SIDA u otros marcadores de exclusión.
- Gestión pública, transparente y participativa
La reforma propuesta plantea una administración pública, autónoma y profesional, con participación tripartita y ciudadana (Estado, empleadores, trabajadores) y mecanismos de control social y transparencia amplio y diverso. Se elimina votos privilegiados y el poder de veto en los mecanismos colegiados de la seguridad social.
- Transición ordenada y protección de derechos adquiridos
El proceso de reforma debe ser gradual, garantizando los derechos adquiridos y la libre disposición de los fondos acumulados, con campañas de información y diálogo social.
Conclusión: Revertir la privatización y mercantilización
La propuesta presentada por la Coalición por la Seguridad Social Digna busca revertir la privatización y mercantilización de la seguridad social y la salud en República Dominicana, instaurando un sistema público, universal, solidario, basado en la justicia social, sin intermediarios financieros.
