No es sólo el reciente cartel de la hemofilia. En Colombia hace rato se viene denunciando la conformación de redes delictivas en distintos campos de la salud o sectores afines. Cartel de las EPS, cartel de los pañales, cartel de la salud en Antioquia, cartel del azúcar, son apenas algunos ejemplos.

Maniobrar conjunta y deliberadamente para aumentar de manera indebida las ganancias en un determinado sector, mediante la reducción de la calidad del producto ofrecido, imponer precios, controlar mercados, impedir la competencia y evadir controles, es lo que constituye un cartel. Y como todo eso se viene presentando en la salud, puede hablarse de carteles en el sector.

El de la hemofilia es ilustrativo. Entre 2012 y 2015 se incrementaron inexplicablemente los diagnósticos de esta enfermedad en el departamento de Córdoba. Aparecieron 47 en 2013, en un año pasaron a 81 y poco después a 117. La hemofilia, como se sabe, es una enfermedad hereditaria, poco frecuente – 10 casos por 100.000 habitantes en el mundo y 3.8/100.000 en Colombia-, de alto costo, y consistente en un daño genético de la coagulación de la sangre y el consiguiente riesgo de hemorragias.

Las autoridades de salud del departamento autorizaron, sin los controles requeridos, pagos cercanos a los 60.000 millones de pesos (unos 20 millones de US$), a unas pocas clínicas por la presunta atención de tales pacientes. Se falsificaron exámenes de laboratorio, se inventaron o usurparon historias clínicas y se incrementaron los costos de los medicamentos, no incluidos en el Plan Obligatorio de Salud, POS. La red entre la cual se distribuiría el dinero incluía, al parecer, al gobernador de entonces, los secretarios de salud y sus equipos técnicos y de auditoría, directores de clínicas y hospitales, una notaria (madre del gobernador), y algunos falsos pacientes. Ya hay seis funcionarios detenidos.

El ministerio de salud se limitó a congelar la entrega al departamento de los recursos por medicamentos no POS y a repetir el manido deseo de que ”caiga sobre los responsables todo el peso de la ley”. El caso no parece ser exclusivo de ese departamento.

No hay espacio para presentar aquí el cartel del azúcar. Pero el de los pañales, denunciado a mitad del año pasado, permitió que cinco empresas productoras controlaran la calidad, impusieran los precios, se distribuyeran el mercado y lograran ventas por 7.7 billones de pesos y ganancias multimillonarias en los primeros quince años de este siglo.

En noviembre pasado, un concejal antioqueño denunció la posible conformación de un cartel de la salud en algunos municipios del departamento, dedicado a manipular el nombramiento de los directores de hospitales para obtener ganancias y beneficios personales. El ministerio de salud se vio obligado a pedir a la respectiva Superintendencia que investigara el caso. Aun no se conocen los resultados.

Pero la peor cartelización de la salud en Colombia se denunció en 2011. Se supo entonces, y no ha sido desmentido hasta ahora, que varias EPS -Empresas Promotoras de Salud- habían hecho una alianza para crear dudas sobre lo incluido y lo excluido en el POS, negar servicios, manipular según sus intereses la información registrada y suministrada, aumentar los recobros al sistema, fijar en la práctica el monto anual del dinero que el sistema les reconoce por cada paciente afiliado, e incrementar desmedidamente sus ganancias. La Superintendencia de Industria y Comercio, no la de Salud, impuso algunas sanciones a 14 de tales empresas.

La cartelización de la salud no es una fatalidad. En la corrupción rampante y en la mercantilización de la salud están las raíces de los problemas descritos. Una reacción social contra la corrupción y un cambio de fondo en la orientación y la dinámica del sistema de salud son las alternativas reales. Puede ser ahora el momento propicio para emprenderlas.

Saúl Franco,

Médico social.
Bogotá, 18 de enero de 2017.