Al Presidente no le interesa conocer cuántos desaparecidos tuvimos
El investigador explica los aportes de la genética en la identificación de hijos de desaparecidos. El índice de abuelidad y los estudios de ADN de precisión. Asegura que el Estado “tiene la obligación de intervenir” por los DD.HH., pero ahora hay un “clima político desfavorable”.
“Cómo vamos a identificar a nuestros nietos cuando retorne la democracia y comencemos a localizar a estos niños? Esta pregunta fue realizada en 1982 por Estela de Carlotto y Chicha Mariani al genetista Víctor Penchaszadeh, que se había exiliado primero en Caracas y luego en Nueva York, tras ser perseguido por la Triple A. En aquel entonces, la Guerra de Malvinas había terminado y el régimen militar llegaba a su fin.
Hasta la fecha, las Abuelas han encontrado a 122 nietos y este año se cumplen tres décadas de la creación del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), que atesora la información genética de familias que los buscan y realizan los análisis de ADN para su identificación. “Si bien las estimaciones indican la existencia de unos 500 niños nacidos en cautiverio el BNDG tiene registradas solo 295 familias. La diferencia probablemente se debe a que hay personas que jamás han denunciado, otras que no quisieron aportar su ADN e, incluso, mujeres desaparecidas que podían estar embarazadas y nadie lo sabía”, señala Víctor Penchaszadeh, uno de los principales promotores del famoso “índice de abuelidad”, clave en la identificación de nietos apropiados durante la última dictadura.
Penchaszadeh es médico pediatra (UBA), con posgrados en genética humana, bioética y salud pública. Entre 1976 y 2006 vivió y trabajó en el exterior: fue profesor en la Universidad Central de Venezuela, en las escuelas de medicina Mount Sinai y Albert Einstein de Nueva York, y en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Columbia. En 2007, regresó al país e impartió clases en la Universidad Nacional de La Matanza. En la actualidad, preside la Red Latinoamericana y del Caribe de Bioética (Unesco) y dicta clases magistrales y cursos de posgrado, entre los que se destaca “Genética y Derechos Humanos” desde la Universidad Nacional de Tres de Febrero (Untref). En esta oportunidad, describe cómo fue el encuentro con las Abuelas hace 34 años, comparte cómo han avanzado los estudios genéticos aplicados a la identificación humana y opina sobre la centralidad del rol estatal en las políticas de derechos humanos.
–En 19 de diciembre de 1975, la Triple A intentó secuestrarlo y debió exiliarse en Venezuela. Cuénteme al respecto.
–Eran épocas muy turbulentas en Argentina y trabajaba como pediatra en el Hospital de Niños “Ricardo Gutiérrez”. Se vivía con temor e incomodidad, uno podía observar los Falcon rondando las calles y se escuchaban las noticias de los atentados perpetrados por los grupos de la Triple A. En aquel entonces, pese a que no era militante de ninguna organización política, tenía bastante actividad gremial y participaba de asambleas. Sin darme cuenta, había adquirido visibilidad y desde muchos ámbitos comenzaba a percibir cierta desconfianza. A fines de 1975, me dirigía camino al consultorio ubicado en Santa Fe y Callao, y me estaban esperando…
–¿Y qué sucedió?
–La verdad es que la pasé muy mal. Me pegaron, me ataron las manos por detrás de la espalda, me vendaron los ojos e intentaron llevarme. Afortunadamente, como eran las cinco de la tarde y estábamos en épocas festivas, había mucha gente haciendo las compras navideñas. El operativo falló porque, incluso, el vehículo en que pretendían llevarme no estaba listo.
–Entonces no le quedó más remedio que seguir su vida en el exterior. Se fue a Venezuela.
–Sí, fui a Caracas específicamente porque allí estaba mi hermano (biólogo) que unos meses antes se había exiliado. Primero me mudé solo y mi mujer viajó un tiempo después junto a mis hijos. Trabajé durante un año en el laboratorio de genética humana del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas y luego en la Universidad Central de Venezuela. En 1981 partimos hacia Nueva York.
–Allí, en 1982, se reunió con Estela de Carlotto y Chicha Mariani. ¿Cómo fue ese encuentro?
–Para ese año ya militaba y denunciaba, desde el exterior, las violaciones de derechos humanos que ocurrían en Argentina. En aquel momento, entre mis amigos estaban dos personas muy emblemáticas que nos visitaban periódicamente y que ya no están con nosotros: Emilio Mignone y “Yoyi” Epelbaum. Así que un día, por intermedio de la hija de Emilio (Isabel) que vivía en Washington, me contacté con las Abuelas.
–¿Y qué precisaban las Abuelas de un genetista como usted?
–Necesitaban, precisamente, que aplicara mis conocimientos científicos al campo de los derechos humanos. Sin embargo, para mí no era algo novedoso.
–¿En qué sentido?
–Se vivían tiempos muy “calientes” en Centroamérica: la Revolución Sandinista en Nicaragua, las guerras civiles en El Salvador y el genocidio de indígenas en Guatemala. Entre otras organizaciones, fui miembro de Human Rights Watch (seccional América), presidida por el prestigioso abogado Juan Méndez y de Physicians for Human Rights. Realizábamos misiones para garantizar el respeto a los derechos humanos y a la neutralidad médica en los conflictos bélicos.
–En este escenario regional tan complejo, ¿cómo surgió el famoso “índice de abuelidad” del que participó como uno de los principales promotores?
–Para comprender cómo surgió hay que entender la manera en que se identifican las personas mediante la genética. A partir de los análisis comparativos, es posible –por ejemplo– vincular por medio del ADN a una persona con muestras halladas en la escena de un crimen o bien, comprobar que un niño es hijo de un determinado padre a partir del índice de paternidad. Aquí, el examen de los marcadores genéticos presentes en el genoma del trío (padre-madre-hijo) es clave. Se sabe que por los mecanismos de herencia las características genéticas de un hijo deben estar presentes en ambos padres.
–Pero a las Abuelas este índice no les alcanzaba, pues los padres estaban desaparecidos.
–Sí, claro. Hasta ese momento nadie había examinado las relaciones de parentesco sin los padres. Entonces me consultaron sobre la posibilidad de identificar a los nietos a partir de la información genética provista por los abuelos. Nosotros sabíamos que todos los nietos tienen caracteres genéticos de los abuelos que les fueron transmitidos a través de los padres. El problema era que, a diferencia de lo que ocurría con el índice de paternidad, el azar tenía una cuota mayor de participación. Básicamente teníamos que comparar los caracteres con cuatro personas en lugar de dos.
–Ante la ausencia de los padres aumentaba la incertidumbre…
–Sí, pero eso pudo resolverse. En principio, el grupo que investigó cómo solucionar el problema estaba en California. Fue coordinado por la genetista estadounidense Mary Claire King, que trabajó en colaboración con el italiano Luca Cavalli-Sforza, el chileno Cristian Orrego y el francés Pierre Darlu. Luego de un arduo trabajo, un día me llamó Mary Claire con la noticia de que ya habían resuelto la fórmula estadístico-matemática. Solo era cuestión de localizar casos para probar que funcionara.
–Para eso hubo que esperar hasta enero de 1984, cuando Paula Logares se transformó en la primera nieta restituida.
–Correcto. Con el retorno a la democracia, Alfonsín creó la Conadep. Luego, se solicitó asistencia a la Asociación Estadounidense para el Avance de las Ciencias (AAAS, por sus siglas en inglés) en la identificación de los restos óseos que iban apareciendo por doquier y de los nietos. Las dos cabezas de la delegación fueron Clyde Snow –el principal referente mundial en antropología forense– y Mary Claire King. Se reunieron con la inmunogenetista Ana Di Lonardo, en cuyo laboratorio (Hospital Durand) se realizó la primera identificación.
–En relación a los avances científico-tecnológicos, ¿qué diferencias existen entre las primeras identificaciones realizadas durante los ochenta y las efectuadas durante el último tiempo?
–Hasta 1985 los análisis se realizaban a partir de los “productos del ADN”: grupos sanguíneos, proteínas plasmáticas, y principalmente, en antígenos de histocompatibilidad. Afortunadamente, gracias a los análisis directos de ADN, los exámenes ganaron precisión, se automatizaron y comenzaron a ser preservados en el tiempo. Con los avances en el campo de la secuenciación del genoma humano, se fueron seleccionando los mejores marcadores genéticos para la identificación. Representan unos 16 marcadores y exhiben una gran variabilidad en la población. Así, se determinaron sitios específicos para analizar el genoma de ADN no codificante, lo que permitió una discriminación más ajustada de semejanzas y diferencias entre las personas, con lo que el azar se redujo prácticamente a cero. Además, en 1987 se creó el Banco Nacional de Datos Genéticos.
–¿Esto qué implicó?
–Un salto cualitativo importantísimo. La automatización de los estudios de ADN fueron centrales: se había tornado posible la conservación de muestras por muchísimo tiempo. La bioinformática –con los estudios en matemática y estadística– también tuvo su parte. La emergencia de software que calculan las probabilidades de parentesco e informan identificaciones genéticas humanas ha facilitado muchísimo las cosas. Me refiero a la reducción de costos y al ahorro de tiempo.
–El rol de la ciencia en la restitución de las identidades es indudable. Ahora bien, ¿qué papel cree que ha desempeñado el Estado desde el retorno a la democracia?
–El rol del Estado es central pero depende de quienes estén en el Gobierno. Durante el mandato de Menem, por ejemplo, el tema de los derechos humanos no estuvo en agenda. A partir del 2003, se convirtió en una política de Estado. Nuestro país es signatario de la mayor parte de declaraciones y convenios de derechos humanos. Por eso tiene la obligación de investigar los delitos de lesa humanidad, encontrar y castigar a los culpables, así como también reparar a las víctimas. Muchos de los casos en el país han sido resueltos por la intervención de los fiscales y la justicia, pero también las Abuelas han desarrollado sus canales propios de investigación y han aportado pistas importantísimas en numerosas restituciones. El Estado contribuye además a generar un clima político que puede ser propicio, o no, para estas actividades.
–¿Y cómo evalúa el clima político en la actualidad?
–Es totalmente desfavorable. Tenemos un presidente a quien no le interesa conocer cuántos desaparecidos tuvimos y pretende que la sociedad olvide las graves violaciones a los derechos humanos que ocurrieron. Un secretario de Derechos Humanos (Claudio Avruj) cuyas declaraciones fueron tan desafortunadas durante el reciente fallo del 2×1, que no tuvo otro remedio que desdecirse. Si bien el Ejecutivo está tratando de despegarse de esta barbaridad jurídica cometida por tres jueces de la Corte Suprema, lo cierto es que esto, en parte, fue posible por el clima político negacionista generado por el gobierno. Por suerte, el Legislativo logró revertir la situación, pero es preocupante.
Por Pablo Esteban poesteban@gmail.com