El gobierno ecuatoriano en lugar de responder a los reclamos del paro y levantamiento nacional o tan siquiera escuchar, se ha dedicado a la ingrata y poca democrática tarea de difamar, insultar y sobre todo reprimir.

El gobierno hace esfuerzos sobre humanos para gritar que somos violentos, que somos tirapiedras y desestabilizadores. Para él no existió la marcha indígena que salió el 2 de agosto desde Tundayme-Zamora Chinchipe, mucho menos el gran apoyo por parte de la ciudadanía y las organizaciones de base en cada una de las ciudades y pueblos por donde pasó. Quiere borrar a fuerza de sabatinas y cadenas nacionales a partir del 10 de agosto en que inició el levantamiento en la mayoría de las provincias del país las organizaciones y comunidades salieron a las calles, que el 13, día del paro nacional en Quito se movilizaron cerca de doscientos mil ciudadanos que estamos en desacuerdo con su gobierno. Para el presidente solo existen los veinte minutos de enfrentamientos entre los marchantes y la policía y el ejército en la Plaza San Francisco de Quito. Con este hecho se quiere desconocer la legitimidad de la protesta y lo que es peor, justificar la terrible represión y violencia estatal en contra de dirigentes y comunidades que participaron en el levantamiento exigiendo del Estado: democracia; una reforma agraria integral; restitución del sistema de educación bilingüe y respeto a los derechos colectivos y laborales, entre otras cosas.

El gobierno dice que el diálogo es el mejor camino, pero en seguida excluye a quienes él llama “los tirapiedras”, “los violentos de siempre”. Dice que ha dialogado con 1600 organizaciones y 840 GADs, y que por eso va a enviar nuevamente las enmiendas constitucionales, la reelección indefinida incluida; todo porque en sus diálogos todos aplaudieron. Insiste en decir que quienes rechazamos los cambios a la Constitución no tenemos bases, no tenemos propuestas, que mentimos, que somos cuatro pelagatos, insiste que somos violentos, en definitiva, que somos unos “indios fracasados”.

En la Asamblea General de la ONU ha criticado y condenado al sistema internacional y al capitalismo por privilegiar la libre circulación del capital y criminalizar la libre circulación de seres humanos: para él nadie debe ser ilegal. Magnífico, pero con ese discurso pretende hacernos olvidar que aquí en Ecuador encarceló y negó la visa a una ciudadana extranjera por el simple delito de criticar su gobierno.
Mientras el presidente da bonitos discursos en foros y medios de comunicación internacionales sobre la democracia, la igualdad y la soberanía, en el Ecuador criminalizan la protesta social y persigue de manera descarada a los y las dirigentes sociales. De los 104 procesados penalmente por el último levantamiento indígena y popular, 24 siguen en las cárceles del país; uno ya ha sido sentenciado y otros han recuperado la libertad mediante el pago de altas fianzas, lo que ha significado el sacrificio de sus economías familiares. El resto sigue esperando sentencias.

Pero el carácter represivo del Estado no se detiene con esto, avanza. Como el levantamiento demostró a todos que la CONAIE sigue firme y con gran apoyo de sus organizaciones de base, ahora intenta dividir y confundir a nuestras principales organizaciones. En la Amazonía mediante manipulación intenta formar nuevos Consejos de Gobierno que le sean afines. Lo sucedido con la CONFENIAE únicamente demuestra la total falta de escrúpulos del gobierno de Alianza País: nombran a dedo como supuesto nuevo presidente de la regional amazónica a un hombre acusado por las organizaciones indígenas y por el mismo Estado de corrupción.

El gobierno vuelven a demostrar su poco sentido democrático y su completa falta de escrúpulos: no contentos con la violenta represión, encarcelamiento y enjuiciamiento de dirigentes comunitarios, ahora vuelven a allanar las comunidades y con fotos en la mano buscan a más comuneros y dirigentes para incriminarlos, presionan para que algún comunero testifique en contra de los procesados. A los detenidos se los amenaza con duras sentencias si no involucran en sus declaraciones a los dirigentes. Se niegan medidas sustituidas de la prisión preventiva por que no tienen bienes que “garanticen el arraigo”, en el Ecuador de la “revolución ciudadana” se criminaliza la pobreza. Todo esto viola toda norma Constitucional, convenios internacionales sobre Derechos Humanos.

Las sociedades en general y los pueblos indígenas en particular tenemos el pleno derecho a organizarnos de forma autónoma, a expresar y luchar por nuestras convicciones políticas y por la defensa de nuestros derechos colectivos e individuales. La represión no detendrá la lucha de los pueblos.

Hacemos un fraternal y urgente llamado a la sociedad en general y a las organizaciones sociales y de Derechos Humanos a mantenernos vigilantes sobre la situación de los procesados y presos políticos del último paro y levantamiento indígena y popular. No podemos permitir que la mentira y violencia de un gobierno se impongan sobre la democracia y sobre la sociedad.

Quito, 07 de octubre del 2015

Por el Consejo de Gobierno
Jorge Herrera
PRESIDENTE CONAIE