Duele mucho ver cómo en el sistema de salud colombiano la salud no es un derecho humano o un servicio público regido por el Estado. Es una simple mercancía, cada vez más degradada. El bienestar de la gente, la calidad de la vida y la atención de los enfermos hace rato dejaron de ser el norte del sistema, y fueron reemplazados por el lucro económico y las argucias del mercado.

La prueba más reciente de tales afirmaciones la constituye la venta de Cafesalud, la empresa con el mayor número de afiliados en el país (6.4 millones), a un desconocido Consorcio (?) de clínicas, hospitales y empresas administradoras, llamado Prestasalud. La falta de transparencia, amparada en un “acuerdo de confidencialidad” entre compradores y vendedores, y la irresponsabilidad del gobierno, han producido un ambiente de desconfianza y total incertidumbre en el país.

Es imposible hacer un análisis serio de los hechos con tan poca información confiable. Pero sí es posible e imperativo llamar la atención sobre algunas circunstancias y preocupaciones pensando, más que en el turbio negocio, en la salud de las personas, el papel del Estado, y las relaciones público-privado en los servicios de salud.

Hasta finales de 2015 Cafesalud era apenas una de las empresas del Grupo Saludcoop, intervenido por el Estado debido al masivo desvío de los dineros de la salud a otros negocios, la descarada integración vertical, el enriquecimiento indebido de sus propietarios y la consiguiente ineficiencia en la prestación de los servicios. Ante la inviabilidad de Saludcoop, el gobierno decidió liquidarla y pasar forzosa e indebidamente sus 4.6 millones de afiliados a Cafesalud. Obviamente tal intento de solución de la crisis no funcionó. Ni se pagaron las deudas, ni mejoraron los servicios, ni se frenó la corrupción, y empeoró el trato al personal. En un año Cafesalud se convirtió en el mayor blanco de los reclamos de los “usuarios” y la mayor deudora del régimen contributivo a los hospitales y clínicas. A 31 de marzo de este año sus pasivos llegaban a 2.9 billones de pesos.

Pero no terminó ahí el problema. El gobierno, que se sigue negando a reconocer que la crisis del sistema de salud es estructural, consideró que la solución definitiva estaba en la venta de Cafesalud al mejor proponente, “con todo y deudas”, como dijo su gerente Luis Guillermo Vélez. Al parecer, sólo hubo un proponente definitivo: Prestasalud. Dicho Consorcio acaba de comprarla en 1.45 billones de pesos, escasamente equivalentes a la mitad de los pasivos de Cafesalud. Y en condiciones escandalosas: podrá pagar la mitad de lo pactado descontándolo de lo que Cafesalud adeuda a algunas de las empresas que integran el Consorcio; tendrá hasta cinco años de plazo para pagar el resto, y no tendrá topes para la integración vertical.

El desconcierto se desbordó con las recientes declaraciones del cirujano Jorge Gómez, vocero de Prestasaud: “Adquirimos la operación de Cafesalud, no sus deudas” (!). Esto no sólo contradice al exgerente Vélez y deja en el limbo a trabajadores y acreedores, sino que insinúa la participación efectiva de otro actor de dudosa reputación: la empresa española Ribera Salud, integrante del Consorcio, dedicada a la operación de servicios de salud y a las alianzas público-privadas. Ribera Salud está investigada judicialmente por hechos graves y persistentes de corrupción, por los que el gobierno de Valencia ya decidió no renovarle su concesión a partir del 2018. Y ni qué decir de otro de los socios del Consorcio, Jaime Barrero Fandiño, expresidente de la junta directiva de Cafesalud y antiguo compañero de negocios de Carlos Palacino, cabeza aún en libertad del descalabro de Saludcoop.

Huele mal, muy mal todo esto. En términos estrictamente de negocios, se están pasando límites prohibidos. Se ha llegado demasiado lejos en irresponsabilidades y complicidades gubernamentales y estatales. En términos de salud, no sólo se ha abusado de la paciencia de los pacientes, sino que se han malgastado sus aportes y se les siguen negando sus derechos. Y en cuanto a políticas y sistema de salud, se han invertido totalmente los valores y las reglas fundamentales y se ha llegado hasta niveles impensables de corrupción, incoherencias e indignidad. Hace rato es hora de una masiva respuesta ciudadana.

Saúl Franco,
Médico social.
Bogotá, 7 de junio de 2017.