Pronunciamiento en solidaridad con el pueblo de Colombia y demanda de protección de los derechos humanos

Desde el día 28 de abril, un conjunto muy amplio de organizaciones, movimientos y sectores sociales y populares urbanos y rurales, en gran parte del territorio colombiano, han venido desarrollando una enorme movilización y protesta social, articulada al Paro Nacional, denunciando las precarias situaciones sociales, económicas y sanitarias que se viven, intensificadas producto del nefasto manejo gubernamental de la pandemia por Covid-19, y demandando un conjunto amplio de reformas y la retirada de proyectos de ley presentadas por el gobierno nacional de tipo fiscal, de salud, laboral, pensional, entre otros, que afectarían aún más la precaria situación social y económica de la población generada por un cúmulo de inequidades, que colocan a Colombia como el primero o segundo país mas inequitativo del Continente.
Esta sostenida movilización logró que el gobierno de Iván Duque retirara el proyecto de ley de reforma tributaria y ahora presiona la retirada del proyecto de reforma al sistema de salud, pero el conjunto de demandas va más allá, es amplio y de carácter estructural, que incluye se ejecuten las transformaciones planteadas en los Acuerdos de Paz de La Habana, que han sido incumplidos por el gobierno de Duque, buscando se dé un cambio de fondo que permita superar las injusticias sociales y efectivamente se configure una paz firme y duradera en Colombia.

Esta enorme y sostenida movilización social, principalmente con la participación, el entusiasmo, la alegría y la innovación en el repertorio de acciones de la población joven, ha sido altamente reprimida por fuerzas policiales y parapoliciales, que han dejado a la fecha¹ un saldo trágico de 49 muertos, principalmente jóvenes; 578 heridos, con 37 personas con lesiones oculares; 379 denuncias de desapariciones; 87 personas víctimas de violencias basadas en genero violencia sexual; 1.460 personas detenidas y 846 denuncias por abusos de poder, autoridad, agresiones y violencia policial. Esta situación ha sido denunciada por organizaciones internacionales de derechos humanos como Human Right Watch, Amnistía Internacional, Naciones Unidas y la Unión Europea, entre otras instancias.

Hoy la situación de Colombia demanda una intensificación de la solidaridad internacional, que ya ha sido fundamental para el respaldo y protección de quienes se movilizan en el marco de la protesta social, pero dada la alta represión y enorme violación de los derechos humanos que como política de Estado se ejecuta para enfrentar la movilización social, se requiere intensificarla y demandar masivamente al Estado cese la represión y se dé una intervención de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que realicen una veeduría en Colombia que permita detener el rio de sangre que ha provocado la respuesta gubernamental a la protesta aclarando y judicializando a los responsables de todas las violaciones a los derechos humanos ocurridos en este periodo e igualmente se juzgue al gobierno de Duque por crímenes de lesa humanidad por parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la Corte Penal Internacional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Eduardo Espinoza
Por la Coordinación General de ALAMES

Comisión Coordinadora MSP-LA
1 18 de mayo de 2021