La inocultable crisis del complejo Saludcoop-Cafesalud resume de manera trágica la crisis sin fondo del modelo de salud colombiano. Es el caso más emblemático de hasta dónde se puede llegar, impunemente hasta ahora, en negación de derechos y servicios a los pacientes, en maltrato al personal de salud, incumplimiento económico con los prestadores de servicios y con el propio Estado, despilfarro de los recursos del sector y corrupción político-administrativa. Los hechos son tantos, tan frecuentes y graves, que resulta imposible sintetizarlos en una columna de estas características. Pero vale la pena referirse al menos a algunos de los más recientes y sintomáticos.

Desde 2010 era obvio que algo muy grave pasaba en Saludcoop. Mientras unos pocos – el señor Palacino y sus aliados – nadaban en la opulencia, los pacientes sufrían por la negación sistemática de sus demandas y la escasez de recursos para atenderlos; los trabajadores que no hacían parte del grupo de privilegiados se enfrentaban a la indignidad y a la inestabilidad laboral, y crecían exponencialmente las deudas con las entidades responsables de prestar los servicios.

La sorpresa fue grande cuando en noviembre del año pasado, después de 4 años de intervenir sin lograr recuperar a Saludcoop, el Ministerio de Salud y la respectiva Superintendencia anunciaron la fórmula presuntamente salvadora: liquidarla, pasar todos sus pacientes, 4.6 millones, a Cafesalud, una empresa menor del mismo grupo económico, y premiarla con 200 mil millones de pesos de un préstamo fácil para que intentara adecuar su funcionamiento a la súbita sobrecarga. Tuvieron la desvergüenza de desnudar la intención final: tratar de engordar a Cafesalud para ofrecerla luego por varios billones al mejor postor.

Lo que vino después ha sido peor de lo esperado. En lugar de austeridad, las nuevas autoridades, encabezadas por el agente interventor convertido sin ningún escrúpulo en gerente, incrementaron el despilfarro de recursos y la feria de contratos, avalados por un voraz equipo de asesores jurídicos. Los despidos de personal profesional, técnico y administrativo se multiplicaron. Y, claro, la plata alcanza cada vez menos para comprar insumos, pagarle a las clínicas y hospitales que llevan el peso de la atención, y darles oportunamente a los pacientes lo requerido para sus tratamientos, sean cirugías, hospitalizaciones, oxígeno o medicamentos.

En el último semestre la estantería se vino al piso. Cada vez más pacientes han tenido que recorrer el tortuoso camino de los derechos de petición, las tutelas y las acciones de desacato por tutelas falladas y fallidas. Algunos han muerto en el intento. Grupos enteros de médicos y especialistas han presentado renuncia a sus trabajos con la entidad. Varias IPS públicas, privadas y mixtas del Valle, Antioquia, Santander y Bogotá, abrumadas por las deudas y cansadas de las evasivas tanto de Cafesalud como del Ministerio y la Superintendencia, han tenido que empezar a cerrar sus servicios. Las tensiones internas de los turbios intereses económicos y políticos enfrentados llevaron a un precipitado cambio de gerente. Hubo ya un crimen sin aclarar en el entorno del caso. Y en los últimos meses se han presentado detonaciones de artefactos explosivos en sedes de Cafesalud.

En el más reciente debate de control político al Ministro de Salud por el problema de Saludcoop-Cafesalud, el sesudo senador Jorge Enrique Robledo afirmó algo que parece comprobarse con los hechos enunciados: que en Colombia la alcahuetería con la corrupción en salud es una política de Estado.

En julio pasado la presidenta de la Junta Directiva de Cafesalud atribuyó la crisis a tres factores: al sistema, a los abusos de algunos “usuarios” y a la justicia, por las tutelas. No sé qué quiso decir ella con “el sistema”. Pero no tengo ninguna duda de que el problema es estructural del sistema de salud. Y que ya no bastan las argucias burocráticas ni más paños de agua tibia para semejante enfermo terminal. Menos aún si es que estamos pensando en serio, después de los acuerdos, en una sociedad saludable, equitativa y en paz.

Saúl Franco,

Médico social.

Bogotá, 7 de septiembre de 2016.