En un artículo anterior argumenté que el monto del financiamiento que corresponde a las instituciones de salud está fijado por ley tanto para el Seguro Popular como para el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste). Por tanto, es ilegal recortarlo, pues el secretario de Hacienda no tiene facultades metaconstitucionales. Contrastan las declaraciones triunfalistas sobre los incrementos de la cobertura con el presupuesto recortado y con las continuas protestas de los trabajadores de salud y el descontento de los usuarios.

El análisis de los principales presupuestos del sector –el del IMSS, el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (Fassa) y el del Seguro Popular (SP), incluido en el presupuesto de la Secretaría de Salud (Ssa)– revela algunas astucias para no violar directamente el marco legal. El IMSS tiene un decremento de su presupuesto respecto de 2016 si se ajusta por la inflación. Esto contrasta con las declaraciones de su director, diestro en relaciones públicas, sobre el incremento día con día del número de trabajadores afiliados. Es de suponer que el presupuesto está subestimado, o sea, que el IMSS “presta” al gobierno federal para que pueda cuadrar sus cuentas como se ha hecho en varias ocasiones. Su presupuesto no tiene un objetivo de afiliación para 2017 lo que impide hacer el cálculo del monto que debiera recibir.

Fassa es un fondo federal que se estableció con la descentralización de los servicios de salud a los estados y cubre principalmente el pago de las plazas federales de los servicios estatales de salud, pero no las generadas con dinero del SP. Los datos comparativos del Fassa demuestran algunos reacomodos con importancia para el recorte de los recursos del SP. Corrigiendo por la inflación esperada Fassa se incrementa en 3.3 por ciento respecto de 2016. Este incremento se distribuye entre “servicios de salud a la comunidad” y “protección social en salud”. El primer rubro corresponde a las acciones de salud pública que los servicios estatales deben desarrollar para toda la población. Cayó en casi 20 por ciento entre 2015 y 2016 y aún con el incremento para 2017 está muy por debajo de su nivel de 2015.

El rubro “Protección social en salud” es en el que se acomoda una parte de las aportaciones a los estados del SP. Es así la manera de descontar a los estados parte de los recursos que la federación debería transferir por medio del presupuesto de la Ssa. Esta maniobra se llama “alineación de recursos” y se traduce en que prácticamente se anula la llamada “Aportación solidaria federal” que en la ley es la aportación federal más alta al SP. En consecuencia se puede legalmente disminuir la transferencia de la Ssa a los estados. Pero no es todo.

El SP tiene un guardadito en su Fideicomiso de Protección Social en Salud, particularmente en el Fondo de Gastos Catastróficos (FGC). Por ley, 11 por ciento de los recursos del SP deben depositarse en este fideicomiso, de los cuales 8 por ciento corresponde al FGC. Sin embargo, desde 2004 se han depositado entre 18 y 25 por ciento de los recursos del SP en el fideicomiso. Lo grave es que estos recursos no se han usado para este tipo de padecimientos o para construir infraestructura, sino que se han quedado guardados. Los datos muestran que el monto autorizado para el tratamiento de enfermedades de gasto catastrófico está muy por debajo de los montos depositados en el fideicomiso y los montos pagados son todavía más bajos. Como resultado el fideicomiso tenía, según la Cuenta Pública de 2015, una disponibilidad de 61 mil 592 millones de pesos. Con razón no parece particularmente preocupado el Comisionado del SP cuando habla de los recortes. Se da además el lujo de hacer espots tramposos sobre cirugías de corazón abierto respaldadas por el SP cuando ni siquiera se cubre el tratamiento de infartos de corazón en los mayores de 60 años.

Los usuarios y los trabajadores de salud sí están preocupados. Los primeros, porque no acceden a los servicios que requieren y los trabajadores porque sus condiciones de trabajo empeoran, les faltan medicamentos e insumos y muchos no tienen plazas regulares.

La falta de recursos en las instituciones públicas y los largos tiempos de espera para las intervenciones necesarias están dando un impulso a los seguros privados de salud. Ya los tienen los funcionarios de alto nivel del Ejecutivo, del poder judicial así como senadores y diputados lo que sangra los recursos fiscales. Los grandes sindicatos negocian seguros privados que las empresas al igual que los individuos pueden descontar en el pago de impuestos que es otro subsidio fiscal a los privados.

* Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco

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