MANIFIESTO EN DEFENSA DE LA UNIVERSIDAD ESTADUAL DE RIO DE JANEIRO (UERJ) Y DE LA EDUCACIÓN PUBLICA DE BRASIL

Expresamos nuestro repudio e indignación a las amenazas formuladas por agentes de los poderes públicos que atentan contra derechos Constitucionales. Derechos que garantizan la financiación de la educación superior pública y los servicios públicos de calidad. En la estela del capitalismo dependiente, Brasil intensifica su adhesión a la agenda ultra-neoliberal, por medio de acciones concertadas entre gobiernos federales y estaduales. Como consecuencia, el sector público se descompromete cada vez más, total o parcialmente, con la atención a los derechos y obligaciones constitucionales, explícitas en la Constitución de 1988.
La restricción a los principios constitucionales también se ha convertido en una práctica continuada del actual gobierno Estadual de Río de Janeiro, cuando incumple preceptos establecidos por la Constitución del Estado, como el pago de los servidores, hasta el 10° (décimo) día hábil de cada mes y la corrección monetaria de acuerdo con los índices oficiales, de los salarios, ventajas o cualquier cuota de remuneración, pagados en retraso. Afirmamos que cuando agentes de los poderes públicos ignoran las libertades fundamentales y los derechos garantizados por la Constitución, la resistencia a la opresión es un derecho y un deber de todo ciudadano.
Asociado al incumplimiento de obligaciones constitucionales, el gobernador de Río de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, firmó un acuerdo de ajuste fiscal con la Unión, que nos parece una gran falacia, un verdadero engaño a la población. Pretenden hacernos creer que los problemas financieros del estado se han evaluado. Veamos los números: el gobierno del Estado de Río de Janeiro, a partir del acuerdo, pasó a tener la expectativa de obtener recursos financieros del orden de R$ 14 mil millones, en 2017, siendo 6 mil millones con la moratoria de su deuda con la unión; R$ 3,5 mil millones con operaciones de crédito, teniendo como garantía acciones de la CEDAE (empresa estatal responsable por los servicios de agua y desechos); R$ 3 mil millones a través de los llamados créditos securitizados, además del aumento de R$ 1,5 mil millones de la recaudación. Considerando que el déficit previsto por el gobierno, para el año 2017, es de R$ 20 mil millones, esa cuenta no cierra en modo alguno. En el caso de todas estas operaciones, se necesitarán más R$ 6 mil millones. El gobierno federal propone entonces medidas de ajustes más severas, que justificar incluso la desestatización de las universidades estaduales. El paquete de maldades es grande, una verdadera colusión entre el gobierno federal y estadual, con la connivencia de parte de la comunidad universitaria. En realidad, está en curso una profundización de la reforma del Estado iniciada en el gobierno del PSDB.
A consecuencia de esta proposición, la recomendación de privatización de la enseñanza superior en el Estado de Río de Janeiro consta de un documento oficial, de forma explícita. Aunque para la prensa, el gobierno diga que no hay intención de privatizar las universidades, el secretario de Hacienda Gustavo Barbosa, afirma que este es un tema en debate. Además, el rector de la UERJ, Profesor Ruy García, en una entrevista en la revista Veja (02/09/2017) menciona sobre la ampliación de la participación privada en el financiamiento de la universidad. ¿Cuál sería el verdadero significado de esta conjugación entre la recomendación federal y las entrevistas en los grandes medios que traen para la UERJ, y para otras universidades estaduales el tema de la privatización?
Las universidades públicas han sido tratadas como organizaciones empresariales y la educación superior entendida como mercancía, dando lugar a la creación de nichos de mercado en todos los niveles de enseñanza. Son visibles los procesos de deterioro y precarización por los cuales pasan la educación pública superior brasileña, con inversiones insuficientes, infraestructura inadecuada y profesionales cada vez menos valorizados y expropiados de sus derechos, incluso con retrasos en los salarios y precarias condiciones de trabajo. El proceso de privatización incluye la presión sufrida por docentes para captar recursos externos, y convertirse en “empresarios de la innovación”, la Ley de la Innovación creada en 2004 y el crecimiento del poder de las fundaciones universitarias, entre otras. Además, de vez en cuando, surge la propuesta de cobrar mensualidades como panacea para las supuestas dificultades presupuestarias de las universidades. Se preconiza la importancia de la disminución de las funciones asumidas por el Estado, con miras a hacerlo más eficiente.
Combatimos enérgicamente cualquier forma de privatización de las universidades que inviabilice el proyecto de universidad pública, gratuita, popular, de calidad y socialmente referenciada, que está garantizada en nuestras legislaciones. Al ser contra la privatización, concebimos la universidad como espacio privilegiado del pensamiento libre, enseñanza de calidad, investigaciones y extensión volcadas a los intereses del conjunto de la población brasileña y con la construcción de una nación soberana. Perspectivas que no se ajustan a las universidades sometidas a la lógica mercantil. La universidad no puede ser pensada como una empresa, sino como una institución social, como ella debe ser.
No podemos quedarnos parados. Tenemos la tarea de ampliar el debate en la universidad, en los espacios de los Consejos, de las unidades académicas, en los departamentos, en los sindicatos y en el movimiento estudiantil. Es una tarea imperativa, antes de que sea tarde y perdamos el tranvía de la historia.
Es urgente articular un frente en defensa de la UERJ pública y con financiamiento estadual.

MANIFESTO EM DEFESA DA UERJ E DO ENSINO PÚBLICO DO BRASIL

Manifestamos nosso repúdio e indignação às ameaças formuladas por agentes dos poderes públicos que atentam contra direitos Constitucionais. Direitos que garantem o financiamento da educação superior pública e serviços públicos de qualidade. Na esteira do capitalismo dependente, o Brasil intensifica sua adesão à agenda ultra-neoliberal, por meio de ações concertadas entre governos federal e estaduais. Como consequência, o setor público se descompromete cada vez mais, total ou parcialmente, com o atendimento aos direitos e obrigações constitucionais, explícitas na Constituição de 1988.
A restrição aos princípios constitucionais tem, também, se tornado uma prática continuada do atual governo Estadual do Rio de Janeiro, quando descumpre preceitos estabelecidos pela Constituição do Estado, como o pagamento dos servidores, impreterivelmente, até o 10º (décimo) dia útil de cada mês e a correção monetária, de acordo com os índices oficiais, dos vencimentos, vantagens ou qualquer parcela remuneratória, pagos em atraso. Afirmamos que quando agentes dos poderes públicos ignoram as liberdades fundamentais e os direitos garantidos pela Constituição, a resistência à opressão é um direito e um dever de todo cidadão.
Associado ao não cumprimento de obrigações constitucionais, o governador do Estado, Luiz Fernando Pezão, assinou um acordo de ajuste fiscal com a União, que nos parece uma grande falácia, um verdadeiro engodo para enganar a população. Pretendem nos fazer acreditar que os problemas financeiros do estado foram equacionados. Vejamos os números: o governo do Estado do Rio de Janeiro, a partir do acordo, passou a ter a expectativa de obter recursos financeiros da ordem de R$ 14 bilhões, em 2017, sendo 6 bilhões com a moratória de sua dívida com a união; R$ 3,5 bilhões com operações de crédito, tendo como garantia ações da CEDAE; R$ 3 bilhões através dos chamados créditos securitizados, além do aumento de R$ 1,5 bilhões da arrecadação. Considerando que o déficit previsto pelo governo, para o ano de 2017, é de R$ 20 bilhões, essa conta não fecha de forma alguma. Ainda serão necessários, caso todas essas operações aconteçam, mais R$ 6 bilhões. O governo federal propõe, então, medidas de ajustes mais severas, que justificariam inclusive a desestatização das universidades estaduais. O pacote de maldades é grande, um verdadeiro conluio entre governo federal e estadual, com a conivência de parte da comunidade universitária. Na realidade, está em curso um aprofundamento da reforma do Estado iniciada no governo PSDB.
Dando consequência a essa proposição, a recomendação de privatização do ensino superior no Estado do Rio de Janeiro consta de um documento oficial, de forma explícita. Embora para a imprensa, o governo diga que não há intenção de privatizar as universidades, o secretário de Fazenda Gustavo Barbosa, afirma que este é um tema em debate. Além disso, o reitor da UERJ, Professor Ruy Garcia, em entrevista na revista Veja (02/09/2017) discorre sobre a ampliação da participação privada no financiamento da universidade.