¿Hacia dónde va la salud en Bogotá?

Veo señales de alarma en los rumbos que van tomando la orientación de la salud y la organización de los servicios de salud en Bogotá con la actual administración. Y no es que todo lo anterior haya sido bueno o que haya que volver al pasado. Pero en salud, y en una ciudad como Bogotá, no se puede llegar arrasando lo existente, desconociendo los logros e imponiendo decisiones sin suficiente maduración.

Como capital de Colombia, Bogotá resume y refleja la realidad, la diversidad y la conflictividad nacionales. Resulta entonces comprensible que en la arena política se enfrenten aquí, a nivel de ciudad, los distintos intereses y las diversas visiones y propuestas sobre el tipo de país que se quiere construir.

En salud se vienen expresando con claridad esas diferencias en la ciudad. Durante 12 años, gobiernos progresistas o de izquierda -con aciertos y desaciertos - pusieron énfasis en el reconocimiento de la salud como derecho fundamental, en la acción frente a los determinantes sociales, económicos y ambientales de la salud, en la importancia de la participación ciudadana y el necesario equilibrio entre la prevención y la atención de las enfermedades.

Hubo logros importantes. El presupuesto de salud pública para la ciudad pasó de 33 mil millones de pesos en 2003 a 350 mil millones en 2016, multiplicándose casi por 11. La mortalidad materna cayó de 59 por cien mil nacidos vivos -pcmnv- en 2003 a 29 pcmnv en 2014. En el mismo período cayó también significativamente la mortalidad infantil evitable. Entre 2012 y 2015 el área de salud pública de la secretaría de salud llegó a tener 8.781 trabajadores, entre ellos 3.000 técnicos auxiliares de enfermería, 700 técnicos ambientales, 500 médicos, 400 psicólogos, 1.000 enfermeras y 300 técnicos en saneamiento, que integraban equipos multidisciplinarios con presencia en los sectores y hogares más pobres y apartados de la ciudad.

En enero del presente año empezó un gobierno de centro-derecha, con el lema de “recuperar la ciudad”. Con claridad en los hechos y ambigüedad en su discurso, el actual gobierno distrital ha ido mostrando que en salud prefiere dedicarse más a la atención individual de las enfermedades que a sus determinantes estructurales o a la salud pública. Que es mejor privatizar – abierta o veladamente – que fortalecer un Estado eficiente. Que aún en salud la racionalidad económica debe anteponerse a consideraciones humanitarias o epidemiológicas. Y que está bien la participación de la gente, pero formalmente y en instancias de decisión de poca trascendencia.

La actual administración ha ido desintegrando los equipos multidisciplinarios antes mencionados, despidiendo a casi todo su personal y desmontando el programa, denominado Territorios Saludables. Declaró una “emergencia sanitaria” cuyos resultados todavía no se traducen en la descongestión de las urgencias y el mejoramiento de los servicios. Logró que el Concejo distrital le aprobara, sin suficientes estudios previos, un Acuerdo para la reorganización del sector salud. Los 22 hospitales y 160 puntos de atención de la red pública, fueron fusionados en 4 redes de prestación de servicios, con los consiguientes recortes en personal y recursos. La polémica medida ya entró en vigencia, con muy poca preparación. Sus verdaderos propósitos y resultados están por verse.

Se crearon dos entidades más. Una Asesora de Gestión Administrativa y Técnica, de carácter mixto público/privado, que asumirá muchas de las funciones gerenciales de los hospitales públicos. Y el Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovación en Salud, con carácter también mixto, cuyos objetivos parecen deseables, pero cuyo montaje y desarrollo hay que observar con atención y cautela.
En asuntos de salud no podemos avanzar de bandazo en bandazo. Se requiere valorar mejor los logros obtenidos y debatir más las propuestas de cambio.

Y, sobre todo, anteponer el bienestar de la gente al de las finanzas, y el papel de un Estado garante de derechos, al favorecimiento del lucro privado.

Saúl Franco,
Médico social.
Bogotá, 21 de septiembre de 2016.