En salud: menos dulces, pero más derechos.
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Saúl Franco,
La salud, su cuidado y la garantía del respectivo derecho, demandan sólidos conocimientos y políticas y sistemas coherentes. Pero los intereses que entran en juego en este campo, a través de las industrias farmacéutica, de alimentos, seguros y tecnologías, impiden o dificultan que los derechos se impongan sobre los negocios y lo saludable sobre lo rentable. Dos temas de actualidad en el país ilustran estas tensiones.
Como parte de la reforma tributaria, está en curso la propuesta de gravar las bebidas azucaradas con un impuesto del 20% para tratar de reducir las enfermedades relacionadas con su consumo, siguiendo las recomendaciones de la OMS y el ejemplo de países como México. La propuesta cuenta con el apoyo de algunos sectores, incluido el ministerio de salud, y con la oposición de otros, como las empresas del sector, organizaciones y medios de comunicación afines a ellas, y algunos parlamentarios.
No es nueva esta confrontación. La Revista Americana de Medicina Preventiva denunció en Estados Unidos los millonarios aportes hechos en los últimos cinco años por Coca Cola y Pepsi a instituciones académicas, humanitarias, y gubernamentales para garantizar su silencio o su apoyo en el debate sobre la relación entre el consumo de sus productos y enfermedades como obesidad, diabetes y caries dentales. El objetivo de las trasnacionales ha sido tratar de negar dicha relación, enfatizar la multicausalidad de tales enfermedades y mostrar los posibles efectos negativos de los impuestos a sus productos.
Entre nosotros, este debate está al rojo. Hace poco la Universidad Javeriana divulgó un documento basado en 64 artículos científicos, respondiendo a los argumentos de quienes se oponen a este impuesto. Claro está que no se trata ahora de satanizar el azúcar, atribuirle todas las enfermedades, considerar los impuestos como un buen mecanismo preventivo, o creer ingenuamente que dicho recaudo irá para salud y educación. Pero es una medida saludable y ya probada, que debemos por tanto apoyar decididamente.
El otro tema se refiere a un proyecto de decreto que está preparando el ministerio de salud. Con objetivos tan nobles como “precisar los mecanismos de protección del derecho fundamental a la salud y garantizar el acceso a los servicios y tecnologías del sistema de salud”, se busca en concreto que todos paguemos hasta el último centavo por la atención de cualquier enfermedad.
El proyecto parece basarse en dos premisas: que el derecho fundamental a la salud consiste en tener atención médica, medicamentos y tecnologías en caso de enfermedad, y que para tener dicho acceso hay que pagar diferentes planes, pues ninguno es completo. De hecho el proyecto, a más de introducir el riesgoso e impreciso “plan de salud implícito”, diferencia 8 tipos de planes: el POS, lo No POS, los prepagados, los de atención complementaria, etc.
Con tales premisas, el decreto – en mi opinión – niega en la práctica algunos de los logros de la Ley Estatutaria en Salud -LES-. Lo hace al anteponer la rentabilidad económica a la rentabilidad social del sector (LES, art. 24). Al dificultar, por motivos y trámites económicos, la accesibilidad real (LES, art.6, lit. c) y la continuidad en la prestación de los servicios (LES, art. 6, lit. d). Y al poner nuevas barreras a quienes padecen las llamadas enfermedades huérfanas, considerados como sujetos de especial protección por la ley estatutaria (art 11).
De aprobarse, el decreto haría mucho más extenso el listado de lo excluido que el de lo incluido en el POS. Más onerosos los costos, al hacer excluyentes los planes y aumentar aún más el gasto de bolsillo por la compra casi obligatoria de pólizas y planes prepagados y complementarios para cubrir todo lo No POS. El sistema será así cada vez más inequitativo. Hay que estar vigilantes y seguirle la pista a esta nueva propuesta regresiva.
Está bien apoyar la reducción del consumo de ciertos azúcares. Pero está muy mal seguir jugando a defender en el discurso pero recortar en la práctica el derecho a la salud.
Saúl Franco,
Médico social.
Bogotá, 30 de noviembre de 2016.
