La comunidad internacional ha observado con creciente preocupación la deriva del gobierno de Nayib Bukele hacia el autoritarismo, la supresión de libertades y derechos fundamentales, la concentración de
poder y el ejercicio despótico de este último. Su política dictatorial es la intolerancia extrema, la cárcel, la tortura y la manipulación de la información por justas que sean las demandas poblacionales.

El 11 de enero recién pasado tuvo lugar la detención arbitraria de 5 lideres comunitarios por oponerse al proyecto minero del presidente, acto que fue precedido por otros que apuntaban a convertir en letra
muerta la Ley de Prohibición de la Minería Metálica (aprobada en 1917 por amplio consenso nacional).

Inclusión del país en un foro intergubernamental que promueve la minería, regreso de las mineras, creación de una Dirección de Minas e hidrocarburos, reactivación de prestanombres tratando de comprar tierras sobre los presuntos yacimientos fueron algunos de estos actos premonitorios.

El proceso ha estado plagado de violaciones que incluyen

• 1)la arbitrariedad de las detenciones por la Fiscalía General con pruebas inconsistentes
• 2)el incumplimiento de los tiempos procesales (72 horas según la ley) sumando ya 4 meses en privación de libertad
• 3)una base jurídica inconsistente y errónea que tergiversa y viola el marco jurídico que emergió de la Declaración Franco-Mexicana, los Acuerdos de Paz en 1992 y la Ley de Reconciliación Nacional 4)Detención provisional injustificada y reserva total sobre el proceso afectando el derecho a la información y la libertad de prensa
• 5)Rechazo injustificado a la petición de la defensa de dictar medidas sustitutivas a la detención provisional
• 6)Confinamiento extremo privando a los detenidos de visitas familiares y del necesario intercambio con sus defensores
• 7)negación a los detenidos de asistencia en salud y pruebas de vida a sus familias (en una situación de centenares de muertes en los centros penales con señales de tortura y/o supresión de medicamentos)
• 8)Destitución ilegal de jueces y nombramiento arbitrario de sus sustitutos para generar correlación judicial favorable a la detención continuada de los abientalistas 9)Silencio cómplice de la Procuraduría para los Derechos Humanos.

Por todo lo anterior ALAMES invita a la comunidad internacional, a sumarse a la Campaña por la Libertad de los capturados, denunciando y demandando al Gobierno de El Salvador:

• 1. LIBERTAD INMEDIATA PARA LOS AMBIENTALISTAS capturados injusta y arbitrariamente
• 2. CESE A LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL, amparada a su vez por el estado de excepción violatorio de la constitución salvadoreña vigente
• 3. RECHAZAR LA EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN MINERA EN EL SALVADOR cuya reactivación en el país mas densamente poblado del continente, conducirá al envenenamiento de la zona de captación acuífera que sustenta al 50% de su población, generando una catástrofe humanitaria sanitaria, social y ambiental sin precedentes.

¡¡Minería nunca más!! ¡¡Libertad a los 5 de Santa Marta!!