La comunidad internacional ha observado con creciente preocupación la deriva del gobierno de Nayib
Bukele hacia el autoritarismo, la supresión de libertades y derechos fundamentales, la concentración de
poder y el ejercicio despótico de este último. Su política dictatorial es la intolerancia extrema, la cárcel,
la tortura y la manipulación de la información por justas que sean las demandas poblacionales.
El 11 de enero recién pasado tuvo lugar la detención arbitraria de 5 lideres comunitarios por oponerse
al proyecto minero del presidente, acto que fue precedido por otros que apuntaban a convertir en letra
muerta la Ley de Prohibición de la Minería Metálica (aprobada en 1917 por amplio consenso nacional).
Inclusión del país en un foro intergubernamental que promueve la minería, regreso de las mineras,
creación de una Dirección de Minas e hidrocarburos, reactivación de prestanombres tratando de
comprar tierras sobre los presuntos yacimientos fueron algunos de estos actos premonitorios.
El proceso ha estado plagado de violaciones que incluyen 1)la arbitrariedad de las detenciones por la
Fiscalía General con pruebas inconsistentes 2)el incumplimiento de los tiempos procesales (72 horas
según la ley) sumando ya 4 meses en privación de libertad 3)una base jurídica inconsistente y errónea
que tergiversa y viola el marco jurídico que emergió de la Declaración Franco-Mexicana, los Acuerdos de
Paz en 1992 y la Ley de Reconciliación Nacional 4)Detención provisional injustificada y reserva total sobre
el proceso afectando el derecho a la información y la libertad de prensa 5)Rechazo injustificado a la
petición de la defensa de dictar medidas sustitutivas a la detención provisional 6)Confinamiento extremo
privando a los detenidos de visitas familiares y del necesario intercambio con sus defensores 7)negación
a los detenidos de asistencia en salud y pruebas de vida a sus familias (en una situación de centenares
de muertes en los centros penales con señales de tortura y/o supresión de medicamentos) 8)Destitución
ilegal de jueces y nombramiento arbitrario de sus sustitutos para generar correlación judicial favorable a
la detención continuada de los abientalistas 9)Silencio cómplice de la Procuraduría para los Derechos
Humanos.
Por todo lo anterior ALAMES invita a la comunidad internacional, a sumarse a la Campaña por la Libertad
de los capturados, denunciando y demandando al Gobierno de El Salvador:
1. LIBERTAD INMEDIATA PARA LOS AMBIENTALISTAS capturados injusta y arbitrariamente
2. CESE A LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL, amparada a su vez por el estado de excepción
violatorio de la constitución salvadoreña vigente
3. RECHAZAR LA EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN MINERA EN EL SALVADOR cuya reactivación en el país
mas densamente poblado del continente, conducirá al envenenamiento de la zona de captación acuífera
que sustenta al 50% de su población, generando una catástrofe humanitaria sanitaria, social y ambiental
sin precedentes.
¡¡Minería nunca más!! ¡¡Libertad a los 5 de Santa Marta!!
¡¡Santa Marta no está sola!!
Mayo 16 de 2023